El Privilegio de la Memoria

Hasta el siglo XIX con frecuencia se hacían recuentos de la población pero siempre con una finalidad fiscal, militar o incluso sanitaria. A estos recuentos se les llamaba de muchas maneras: vecindarios, matrículas, listas, estados, alistamientos, censos, catastros, etc. Solían recoger el nombre y estado de los cabezas de familia pero no de la totalidad de sus habitantes. Los nombres de los vecinos recogidos en estos listados suelen estar ordenados por parroquias y dentro de estas por un número dado a cada casa.

A partir de 1835 fue obligación de los ayuntamientos tener un Registro Civil de los nacidos, casados y muertos a cuyo fin los vecinos tenían que pasar el correspondiente aviso dentro de 48 horas bajo pena de multa.

Pero los censos recogían datos que resultaban inútiles porque eran irregulares, poco uniformes e inexactos. Así en 1857 se aprobó un Real Decreto sobre cómo debían recogerse datos la información: se debía incluir el nombre, sexo, edad, estado civil y profesión de todos los habitantes de la localidad.

Los padrones también hacían constar si se era vecino o residente. Vecinos eran los cabezas de familia que en el momento de hacerse el padrón llevaban dos años de residencia fija en la localidad ejerciendo en ella su profesión. Los residentes por tanto eran los que no estaban inscritos en el padrón de vecindad.

En 1870 el Registro Civil pasó a depender de la administración de justicia y los ayuntamientos dejaron de tener esta competencia. Sin embargo desde entonces y hasta 1996 los ayuntamientos estaban obligados a elaborar padrones de habitantes quinquenales (años terminados en cero y en cinco).

Tradicionalmente el pueblo pensaba que la única forma de estar enterrado en sagrado era haciéndolo en el interior de las iglesias y en consecuencia los cadáveres se enterraban en ellas. Cuando los brotes epidémicos empezaron a producir una alta mortandad urbana, la proliferación de enterramientos en las iglesias generó un verdadero problema higiénico. Las emanaciones de vapores por la descomposición cadavérica además de calificarse como pestilentes, propagaban enfermedades.

El Hospital de Nuestra Señora de Gracia tenía un cementerio donde enterraba a los enfermos que fallecían en el hospital y que no tenían sepultura propia, conocido ahora como el Cementerio de la Cartuja. De 1814 a 1823 este cementerio fue el cementerio provisional de la ciudad.

Tras varios retrasos, en junio de 1834 el Cementerio de Torrero fue inaugurado aunque la gestión dependía de las parroquias y la conducción de cadáveres y enterramientos se sacaba a subasta. En el año 1867 el cementerio pasó a ser totalmente municipal. En junio de 1871 se inauguró un amplio recinto evangelista para dar cabida a los protestantes. Más tarde, en 1884, se reserva el espacio para los laicos o librepensadores. La primera ampliación del cementerio se ejecutó justo antes de la Guerra Civil ocupando una parte de los terrenos que quedaban a la izquierda de la entrada principal. En 1966 volvió a ampliarse y se incorporaron en el mismo recinto los cementerios civil, musulmán, evangélico y alemán, que antes tenían ingresos distintos.