El Gobierno de Natalia Chueca rechaza la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de España y exige planificación, financiación y coordinación institucional

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El Gobierno de Zaragoza de Natalia Chueca rechaza la regularización masiva anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, expresa "su enorme preocupación, en el caso de que dicha medida se lleve a efecto" y exige planificación, financiación y coordinación institucional. Así lo ha manifestado hoy la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, quien ha comparecido en rueda de prensa para informar del envío de una carta al delegado del Gobierno de España en Aragón sobre el proyecto de modificación del Real Decreto 1155/2024, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, relativo a las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo y autorización excepcional única.

Orós ha trasladado el rechazo del Gobierno municipal a este anuncio de regularización masiva efectuado por el Ejecutivo central, al considerar que se trata de una medida "improvisada, sin memoria económica, sin planificación operativa y sin coordinación con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos". En este sentido, considera que "se trata de una medida inasumible, que incita al fraude y tendrá un efecto llamada, supone premiar a los que incumplen la ley, es irresponsable e introduce riesgos para la seguridad de las ciudades y la sostenibilidad de los servicios sociales".

"Es una medida que va en contra de las políticas migratorias de la UE y del Pacto Europeo de migración y asilo", ha añadido.

UN ANUNCIO SIN CIFRAS CLARAS NI PLANIFICACIÓN

La consejera ha señalado que el Gobierno de España no ha concretado el número de personas que podrían acogerse al proceso de regularización. "Se habla de cifras que oscilan entre cientos de miles y más de dos millones de personas si se tiene en cuenta la reagrupación familiar, pero no existe una estimación oficial clara", ha explicado.

En el caso de Aragón, las estimaciones trasladadas de manera informal a entidades sociales sitúan la cifra entre 12.000 y 15.000 personas, sin que se hayan presentado estudios técnicos ni previsiones detalladas. "El Estado pretende generar de facto una nueva ciudad vulnerable dentro de las ciudades ya existentes, sin un solo euro adicional comprometido para reforzar los servicios públicos que deberán asumir los municipios", ha afirmado.

TRANSFERENCIA DE COSTES Y RIESGO DE COLAPSO MUNICIPAL

El Gobierno de Zaragoza advierte de que esta medida supone una transferencia encubierta de competencias y costes a las entidades locales. Actualmente, aproximadamente el 80% de las personas sin hogar en Zaragoza son inmigrantes y, de ellas, el 93% se encuentran en situación irregular, de acuerdo al reciente 'Estudio de la realidad social del sinhogarismo en Zaragoza' realizado por el Ayuntamiento con la colaboración de Cruz Roja.

Según ha indicado la consejera, la regularización masiva incrementaría de forma inmediata la presión sobre los servicios sociales municipales, la vivienda, los recursos de inclusión sociolaboral y la atención jurídica. Además, los informes de vulnerabilidad previstos en la norma podrían recaer en los centros municipales de servicios sociales, lo que generaría una "avalancha administrativa" sin refuerzo de personal ni financiación adicional.

IMPACTO EN ZARAGOZA

Si se extrapolan cifras nacionales, Zaragoza podría afrontar miles de nuevos usuarios en sus servicios sociales, mayor presión sobre el mercado de la vivienda, saturación de recursos de inclusión y sobrecarga de profesionales municipales, todo ello sin financiación estructural adicional procedente del Estado.

En la carta remitida al delegado del Gobierno en Aragón, la consejera solicita información oficial y detallada sobre la estimación concreta de personas que podrían acogerse a la regularización en Zaragoza, desglosada por procedimiento; los refuerzos de personal previstos en Oficinas de Extranjería y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la previsión de tiempos de resolución; la existencia de una memoria económica y la dotación presupuestaria específica para Zaragoza; la financiación adicional que se transferirá al municipio para atender el incremento de demanda en servicios sociales, informes de vulnerabilidad, orientación jurídica e inclusión sociolaboral; el volumen estimado de informes que deberán emitir los servicios municipales; y los mecanismos de coordinación institucional y de información pública.

DUDAS JURÍDICAS Y OPERATIVAS

Marian Orós también ha advertido de las dificultades técnicas del procedimiento, entre ellas la obtención de antecedentes penales de los países de origen, la posibilidad de sustituir documentación oficial por declaraciones responsables o la falta de claridad sobre la situación de personas con antecedentes policiales no firmes.

Asimismo, ha subrayado que el plazo previsto —de abril a junio de 2026— resulta insuficiente para tramitar un proceso de esta magnitud sin generar colapso y errores administrativos, especialmente en un contexto en el que no se han creado oficinas específicas ni se ha desarrollado una estrategia clara de información pública.

El Gobierno municipal reitera que defiende una política migratoria ordenada, con seguridad jurídica, planificación real, integración ligada al empleo y responsabilidad institucional. "Lo que no aceptamos es improvisación, electoralismo y transferencia de costes sin financiación. Regularizar sin planificación es generar frustración futura y riesgo de colapso para los municipios", ha concluido la Marian Orós.