Zaragoza Noticias

El Gobierno de Zaragoza ha decidido, en su reunión de hoy, solicitar a los Servicios Jurídicos municipales un informe sobre la posibilidad de llevar a los tribunales la aplicación del Impuesto Contaminación del Agua en Zaragoza que pretende llevar a cabo, de manera unilateral, el Gobierno de Aragón a través de una modificación específica de la Ley de Aguas. Además, se va a reiterar la exigencia de realizar una auditoría sobre las cuentas del Instituto Aragonés del Agua.

Tal y como han indicado distintos miembros del Gobierno de Zaragoza en los últimos días, se trata de una reforma unilateral, que se realiza específicamente "para permitir el cobro a los zaragozanos, para la que no se ha tenido en cuenta la opinión del Ayuntamiento y que ni siquiera se ha explicado a los ciudadanos".

Desde el pasado mes de junio, el Ayuntamiento está intentando establecer vías de diálogo con el Gobierno de Aragón sobre este asunto, aunque hasta ahora no ha habido respuesta formal. Ya el pasado viernes, el Alcalde de Zaragoza expresó que "no se puede llevar a cabo la modificación de una Ley de forma unilateral para que paguen los zaragozanos y sin consultar a la principal institución de la ciudad", y tachó de "falta de lealtad institucional" la forma de abordar esta subida.

Un impuesto desproporcionado e injusto

La repercusión del ICA sobre el bolsillo de los zaragozanos resulta, en muchos casos, absolutamente desproporcionada y sangrante. Los cálculos realizados avalan de manera clara cómo afectaría dicho impuesto, sobre todo, a las familias más desfavorecidas.

Hay que recordar, antes de explicar los cálculos realizados, que la tarifa del consumo de agua tiene en Zaragoza distintas bonificaciones para las familias con menos recursos. Así, en nuestra ciudad hay al menos 3.400 hogares en los que se aplica una bonificación del 50% en la cuota fija y de un 99% en el primer tramo de consumo y un 75% en el segundo tramo. Se trata de hogares en los cuales no se supera el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) multiplicado por 1,1. (BONIFICACIÓN TIPO 1)

En otros 300 hogares, en los que el ingreso oscila entre el SMI multiplicado por 1,1 y multiplicado por 1,66, la bonificación en la cuota variable es del 7%. (BONIFICACIÓN TIPO 2)

Se han realizado cálculos en distintos tipos de hogar, en función del número de miembros y del tipo de bonificación, respecto a un nivel de consumo medio en Zaragoza. Los resultados son llamativos. Estos son sólo dos ejemplos:

HOGAR DE 1 PERSONA            INCREMENTO EN EL RECIBO

Sin bonificación                           51,47 %
Con bonificación tipo 1                173,96 %
Con bonificación tipo 2                 53,01 %


HOGAR DE 4 PERSONAS

Sin bonificación                           35,04 %
Con bonificación tipo 1                123,84 %
Con bonificación tipo 2                 36,96 %


Es decir: en hogares sin bonificación, el incremento en la factura por la aplicación del ICA supondrá entre un 35 y un 51%, en función del número de miembros. Y eso supondría un incremento de entre 16,08 y 42,17 euros por persona y año. Pero en los hogares con bonificación el incremento alcanzaría nada menos que un 173,96%.

Aunque el ICA prevé eximir del pago a los perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción, previa solicitud por su parte, éstos sólo suponen una pequeña parte de los beneficiarios de las tarifas especiales del Ayuntamiento, por lo que muchas de las familias que más ayuda necesitan se verán perjudicadas de manera absolutamente desproporcionada, pudiendo llegar a multiplicarse casi por 3 lo que venían pagando hasta ahora por el ciclo del agua.

En las tarifas comerciales, el incremento del recibo será del 28%. Y, en el caso industrial, el aumento será de más del 22%, poniendo en peligro la competitividad de nuestro sector comercial e industrial.

Por otra parte, la tarifa del ICA, con una cuota fija muy alta que pagar aunque no se consuma y un precio único por metro cúbico, alteraría las políticas de gestión de la demanda que han permitido a Zaragoza ser una de las ciudades más eficientes en el consumo doméstico de agua, con un consumo medio diario de 97 litros por habitante en 2014, frente a los 130 litros de la media española.

Tampoco hay que olvidar que el Gobierno autónomo pretende aplicar el ICA sobre el agua consumida por los zaragozanos, que es el mismo hecho imponible sobre el que se aplican las tarifas municipales de abastecimiento y saneamiento, lo que pudiera ser objeto de una duplicidad impositiva que generaría agravios comparativos con el resto de la comunidad autónoma.

Zaragoza ha invertido ya 324 millones de euros en depurar y gestionar el agua

En el ámbito de las infraestructuras, hay que recordar que los zaragozanos hemos pagado desde 1995 un total aproximado de 324 millones de euros en inversiones de instalaciones de depuración y otras relacionadas con estas infraestructuras.

Si dividimos esta cifra entre los 16 millones euros año que pretende recaudar la DGA, nos sale que Zaragoza ha pagado ya por valor de 20 años el impuesto del ICA.


GIROS A LA IZQUIERDA EN LA TRAZA DEL TRANVÍA

Entre los temas abordados también en el Gobierno de hoy figura la aprobación para que los taxis ocupados puedan realizar determinados giros a la izquierda en la traza del tranvía.
En uno de ellos, el situado en el cruce de Gran Vía con Lagasca, se va a modificar la ubicación de un semáforo para garantizar la seguridad y, así, permitir que dicho giro pueda ser realizado por los taxis ocupados durante todo el día. Esa modificación se realizará en próximos días.

El resto de giros aprobados podrán realizados (también únicamente por taxis ocupados) en los horarios nocturnos en los que no circula el tranvía. Están situados en los cruces de Ruiz Anglada con Gran Vía, Goya con Gran Vía, Corona de Aragón con Fernando el Católico y Mariano Barbasán con Fernando el Católico. En todos ellos se situará, en próximos días, una señalización vertical específica que informe de dicha posibilidad.


DECLARACIÓN DE LESIVIDAD SOBRE LAS INDEMNIZACIONES DE AUZSA

Finalmente, en su reunión de hoy, el Gobierno se ha dado por enterado del informe jurídico emitido por el Área de Economía y Cultura sobre la liquidación de 2013 por ajuste de inversiones en el servicio de transporte urbano, aprobada por acuerdo de Gobierno de Zaragoza el 11 de junio de 2015.

Esta decisión fue tomada 48 horas antes de la toma de posesión como Alcalde de Pedro Santisteve, y supuso el pago, con dinero público, de las indemnizaciones por despido y costas de los abogados del ERE que afectó a 153 trabajadores.

Tal y como ha explicado el consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, "como Gobierno, se considera que es decisión es errónea punto de vista técnico, pero desde el punto de vista político se considera un ataque al conjunto de la clase trabajadora".

El Gobierno llevará a un próximo Pleno, a principios de 2016, la aprobación de la declaración de esta decisión como "acto lesivo" para los intereses del Ayuntamiento. Para llevar a cabo ese trámite se han solicitado previamente informes sobre lesividad a los servicios técnicos municipales.

En cualquier caso, hay que recordar que este asunto está siendo objeto de una querella por parte de un sindicato. Por este motivo, el Gobierno ha manifestado que, por respeto a ese proceso, será cauteoloso a la hora de desvelar cualquier información y detalle de los informes, aunque sí se colaborará en facilitar todos los datos que sean requeridos desde el Juzgado.