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El concejal de Vivienda y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Híjar, ha presentado hoy, junto con representantes de otras siete ciudades y del grupo confederal de Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea, una Propuesta de Ley (PL) para regular los alquileres abusivos y mejorar las garantías y el acceso a la vivienda en alquiler.

La Propuesta de Ley ha sido registrada en el Congreso de los Diputados con el objetivo de modificar distintos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula el mercado del alquiler. De esta forma, los Ayuntamientos de Zaragoza, Madrid, Barcelona, Valencia, Córdoba, Cádiz, A Coruña y Santiago de Compostela unen sus fuerzas para dar dar respuesta a una problemática que está afectando a gran parte de la población que vive en estas y otras ciudades de todo el país y sus entornos urbanos.

Pablo Híjar ha manifestado que "la burbuja de la especulación inmobiliaria que en los últimos años se ha llevado por delante el derecho a la vivienda en España se está trasladando a los alquileres, un problema que ya está teniendo consecuencias en ciudades como Zaragoza".

La Proposición de Ley tiene como principal objetivo "revertir algunas de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de España en 2013 y que han provocado que hoy vivir de alquiler sea cada vez más difícil para gran parte de la ciudadanía". "Los Ayuntamientos hacemos frente cada día a la dura realidad que para muchas personas es el acceso a la vivienda. Lo hacemos pese a que no es una competencia local y no tenemos capacidad legislativa. Por eso, es urgente impulsar esta modificación legislativa a nivel estatal", ha añadido Híjar, quien ha lamentado además que el Ejecutivo central haya vuelto a recortar los fondos para vivienda en el nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Contenido de la Propuesta de Ley

En concreto, la iniciativa de estos ocho ayuntamientos plantea volver a ampliar la vigencia de los contratos a cinco años prorrogables por otros cinco -en la legislación actual es de tres más uno- e incluir la posibilidad de una prórroga obligatoria de otros cinco años si la persona o familia inquilina ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales. Se trata de una medida para "defender el derecho de las personas inquilinas a desarrollar su proyecto de vida con tranquilidad, frente a la especulación de grandes propietarios e inversores que pretenden sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible".

Otra de las modificaciones planteadas es la posibilidad de que los municipios (en coordinación con sus CC.AA.) puedan declarar áreas urbanas de mercado de vivienda tensionado (AUMVT) en las que, temporalmente y de forma justificada con criterios claros, pueda implementarse una regulación de precios para evitar subidas abusivas en los alquileres.

Se trata de una medida inspirada en políticas que ya se están aplicando en ciudades como Berlín o Múnich, de carácter excepcional y circunscrita a zonas determinadas que cumplan una serie de requisitos, durante un periodo de 5 años, a revisar. Estos requisitos para establecer una AUMVT serían:

- Que exista una fuerte demanda de vivienda en alquiler (según Registro de demandantes autonómico o local) no satisfecha.
- Que la oferta de viviendas vacantes asequibles sea inferior a la media del territorio de la CCAA respectiva.
- Que se esté produciendo un proceso de gentrificación que expulse a los vecinos debido al crecimiento constante de las rentas de alquiler.
- Que las rentas de los alquileres de vivienda habitual se hayan incrementado un 15% o más en los últimos 5 años.

La regulación de precios en esas áreas se basará en unos índices oficiales de precios de referencia, que deberán elaborar las CC.AA. en base a las rentas de los contratos de vivienda habitual ponderados con otros criterios como: estado de vivienda, accesibilidad, localización, rentas familiares de la zona, etc. Si se cobrara por encima de esos precios, se podría reclamar las cantidades extras vía judicial.