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El Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una alegación al proyecto de Decreto del Plan territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) que ha preparado la Dirección General de Interior del Gobierno de Aragón y que se encuentra en fase de información pública, en la que se solicita la incorporación de la ciudad de Zaragoza como población afectada por un posible accidente nuclear. En el borrador actual la ciudad no se encuentra entre las posibles poblaciones víctimas de esta hipotética coyuntura, pese a encontrarse en pleno corazón del Valle del Ebro.

En este sentido, el informe que acompaña a la alegación se alerta de la posible afección que la ciudad y diferentes partes de la Comunidad Autónoma podrían sufrir por otras centrales nucleares además de las incluidas en PLATEAR (Ascó y Vandellós), como podrían ser las de Garoña, Trillo o Cofrentes. Todas ellas se encuentran a una distancia máxima de 300 kilómetros de Zaragoza y podrían ser foco de contaminación de la ciudad en caso de accidente según la dirección y velocidad de los vientos en determinados momentos.
Un estudio internacional elaborado por el Instituto Meteorológico de Austria, hecho público por la organización ecologista 'Greenpeace' afirmaba que una nube radiológica procedente de la central de Santa María de Garoña (Burgos) -ahora cerrada y sin actividad, pero en fase de reapertura según la empresa propietaria NUCLENOR-, contaminaría irreversiblemente toda el Valle, en el que viven 3,2 millones de personas, y especialmente las poblaciones de Vitoria, Bilbao, Logroño, Pamplona, Tudela y Zaragoza. Se estima además que un accidente de las características del de Chernóbil o Fukushima (ambos del nivel 7) afectaría a más de 100.000 hectáreas de regadío y 85.000 kilómetros cuadrados, y no solo obligaría a desalojar a toda la población del entorno, sino que dañaría durante siglos unas tierras de gran valor agrícola y ganadero.

Por otro lado, se considera que existe cierta desprotección ante los posibles daños y perjuicios causados a las personas afectadas ya que la compensación económica a la que estaría obligada la empresa jamás pasaría de los 1.200 millones de euros. Una cuantía a todas luces insuficiente puesto que, por ejemplo, el coste provisional del accidente de Japón asciende a 520.000 millones de euros.

"Prorrogar esta central es un riesgo inasumible desde el punto de vista ambiental, sanitario, económico y ético, por cuanto estaríamos hipotecando gravemente la vida de las próximas generaciones. La presumible decisión del Gobierno de España de reabrir la central, unida a la congelación de las ayudas a las energías renovables van sin duda en la peor de las direcciones desde el punto de vista medioambiental y energético", ha subrayado el consejero de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Jerónimo Blasco, para quien la antigüedad y la obsolescencia de las instalaciones (la central empezó a funcionar en 1969, en un periodo próximo al de Fukushima I) constituye "un grave y peligroso error".
"Por ello, como ya han comenzado a hacer otros Ayuntamientos, en Zaragoza promoveremos de forma inmediata las iniciativas oportunas a nuestro alcance para tratar de impedir y dificultar la reapertura de la central de Garoña y retomar la actividad que emprendimos en 2012, a través de mociones de Pleno y recursos judiciales", ha anunciado Blasco.
El informe del Ayuntamiento a PLATEAR, elaborado por la Agencia Municipal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, recoge además las enormes necesidades hidrológicas de la central, cuyo sistema de refirgeración de los reactores consume el mismo volumen de agua que toda la población de Zaragoza durante un año.